El pasado 16 de febrero fue aprobada en el Congreso de los Diputados la Ley de Empleo 3/2023 de 28 de febrero que entró en vigor en el día de ayer 3 de marzo, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Incorpora cinco modificaciones resultantes de las enmiendas introducidas en el texto a su paso por el Senado, que refuerzan las exigencias sobre la necesidad de que en los servicios de empleo haya personal formado para atender a personas con discapacidad y de que las herramientas digitales de formación para demandantes de trabajo sean accesibles.
Asimismo, recupera la asimilación legal entre situaciones de incapacidad permanente de Seguridad Social y grado mínimo de discapacidad del 33% a efectos laborales.
Esta asimilación legal, aprobada en 2003, desapareció en 2018 debido a que la Sala Cuarta de lo Social del Tribunal Supremo concluyó que el texto refundido de la Ley General de los derechos de las personas con discapacidad de 2013 “incurría en ‘ultra vires’, por equiparar a los pensionistas de incapacidad permanente con el grado de discapacidad del 33% a todos los efectos.
Como consecuencia de ello, un gran número de pensionistas fueran excluidos de la aplicación de las medidas de fomento de empleo de las personas con discapacidad.
Desde 2018, fecha en la que se anuló la pasarela existente, sólo quienes tuviesen contrato con anterioridad a dichas sentencias conservaban la condición de personas con discapacidad, mientras permaneciese en vigor la relación laboral.
El CERMI ha destacado que la restauración de esta equiparación entre situaciones de incapacidad de Seguridad Social (y clases pasivas) y discapacidad del 33% en lo relativo a las medidas de acción positiva de la inclusión laboral, favorecerá el acceso y la permanencia en el empleo de las personas trabajadoras que adquieren una discapacidad estando activas laboralmente, evitando su exclusión del mercado de trabajo.
UTO-UGT, como sindicato que cuenta con el mayor número de trabajadores y trabajadoras con discapacidad manifiesta su satisfacción ya que vuelven a aplicarse medidas de acción positiva e iniciativas contra la discriminación que garantizan y hacen efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.